La Ley de segunda oportunidad es un mecanismo legal que tiene como objetivo evitar que una persona pueda quedar endeudado de por vida ante una crisis financiera personal.
¿Te gustaría saber en qué consiste y cómo acogerte a ella? A continuación te contaremos todo lo que necesitas saber sobre la misma.
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📎 Antecedentes a la Ley de segunda oportunidad
Una sociedad mercantil tiene a su disposición un proceso legal para los casos en los que incurre en insolvencia: el concurso de acreedores. En cierta medida, este procedimiento también está a disposición de las personas físicas.
La Ley de segunda oportunidad ofrece una serie de particularidades al proceso concursal para que este último colectivo logre reestructurar sus deudas y, si se diera el caso, la exoneración de las que pudiesen quedar pendientes.
Debemos resaltar que las personas jurídicas (las sociedades de capital) cuentan con la limitación de responsabilidad, es decir, sus bienes y derechos están totalmente segregados de los que puedan tener los socios de la misma.
La sociedad responde con sus bienes y derechos, pero una vez liquidada, ahí acaba el asunto. No se exige más responsabilidad que el propio patrimonio presente de la sociedad mercantil.
Sin embargo, ¿qué sucede con las personas físicas, en las que está en juego todo su patrimonio presente y futuro?
Con la inclusión de la Ley de segunda oportunidad en nuestro ordenamiento jurídico, no será necesario que comprometas el resto de tu vida para regularizar las consecuencias de una insolvencia personal.
En este artículo podrás ver los aspectos más importantes acerca de esta normativa y el procedimiento jurídico que conlleva.
📌 ¿Qué es la Ley de Segunda oportunidad?
Se conoce popularmente como Ley de segunda oportunidad a la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas sociales.
Según el Preámbulo de este texto jurídico, su finalidad es la siguiente:
“Que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer”
Una situación de sobreendeudamiento, acompañada de una mala racha económica, el cierre de un negocio o la pérdida del trabajo pueden hacernos incurrir en insolvencia, sin ingresos y sin tener un patrimonio suficiente para regularizar nuestros débitos.
El problema viene dado porque en nuestras leyes rige el principio de responsabilidad universal, que viene a decirnos que el deudor responde, no sólo con todo el patrimonio que tiene en el presente, sino que se comprometen los bienes que pueda tener en el futuro.
Esta situación puede desincentivar la actividad económica, ante el riesgo de quedar endeudado de por vida. Además de vernos seriamente perjudicados desde un punto de vista social (podemos perder nuestro hogar, ver embargados los ingresos que podamos tener, etc.).
Esta Ley permite a las personas comenzar desde cero mediante un procedimiento jurídico que propicia una renegociación de las deudas y posible exoneración de las que puedan quedar pendientes.
En el lado contrario, los acreedores tienen la posibilidad de cobrar parcialmente sus créditos, ya que de otro modo, no podrían llegar a percibir dinero alguno.
En síntesis, se trata de una serie de matices al tradicional procedimiento concursal, adaptado a las personas naturales (las personas físicas también podían acogerse a la Ley Concursal, pero esta norma y su consiguiente proceso jurídico estaban diseñados para las empresas).
👨🏻 ¿Quién puede acogerse a este procedimiento jurídico?
A priori, la llamada segunda oportunidad está dirigida a todas las personas físicas, tanto particulares como profesionales autónomos.
Las personas, al igual que las empresas, pueden verse inmersas en una situación de sobreendeudamiento y necesitar un mecanismo legal que les proteja.
No obstante, hay ciertos requisitos que se deben cumplir, puesto que la Ley que estamos tratando no debe utilizarse como un arma para evitar pagar nuestras deudas y, de esta manera, incurrir en fraude.
Requisitos para acceder a la Ley de segunda oportunidad
El principal requisito es que el deudor actúe de buena fe.
La situación de insolvencia debe haberse generado de manera fortuita y no por culpa grave o dolo. Su historial crediticio es tenido en cuenta.
No podrán acogerse a este procedimiento aquellas personas que, en los diez años anteriores, hayan cometido delitos contra el patrimonio, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, en el orden socioeconómico, etc.
Debe existir, además, una falta de liquidez, la cual impida satisfacer las facturas durante un período continuado, y acumular un retraso de tres meses en el pago de sus obligaciones fiscales y sociales.
Por otra parte, el deudor debe demostrar que es insolvente. En otras palabras, debe justificar que no tiene patrimonio suficiente para satisfacer todas las deudas pendientes.
Además, el texto legal de segunda oportunidad impone que el deudor se comprometa a entregar a sus acreedores todos los bienes que no sean imprescindibles para ejercer su actividad profesional.
Se presupone que el valor de dichos bienes es igual o inferior a la deuda global (en caso contrario no podría calificarse como insolvente).
Asimismo, será el propio deudor el que proponga el plan de pagos y un calendario para hacer frente a sus obligaciones, en un intento de llegar a un acuerdo extrajudicial. Este plan de viabilidad para pagar las deudas no debe superar los diez años.
➡️ Podríamos resumir los requisitos impuestos para acogerse al procedimiento de la segunda oportunidad de la siguiente manera:
- El valor de la deuda no debe superar los 5 millones de euros.
- Demostrar que efectivamente se es insolvente.
- Actuar de buena fe e intentar alcanzar una solución extrajudicial (cediendo parte de su patrimonio y proponiendo un plan de pagos).
- No haber sido exonerado de deudas mediante este proceso en los últimos diez años.
- No estar condenado por delitos que afectan al patrimonio en los diez años anteriores.
¿Y qué ocurre si tengo deudas con Administraciones Públicas?
En un principio, no podían acogerse a la Ley de segunda oportunidad aquellos que tenían mayoritariamente sus impagos con las Administraciones Públicas (Hacienda y Seguridad Social, principalmente).
Debido a que este tipo de acreedores eran muy comunes entre los trabajadores autónomos (los más susceptibles de recurrir a esta vía jurídica), el Tribunal Supremo lanzó una sentencia en Julio de 2019 ampliando la Ley de segunda oportunidad.
Desde entonces, es posible conseguir la exoneración de las deudas contraídas con las Administraciones Públicas hasta en un 70%.
📝 ¿Cómo funciona la Ley de segunda oportunidad?
A continuación te explicamos paso a paso los trámites que debes realizar y el funcionamiento de este proceso. Toma nota:
1️⃣ Liquidar patrimonio
Es fundamental invertir el patrimonio que no necesitemos para el ejercicio de nuestra actividad en satisfacer una parte de las deudas (existen determinados créditos que gozan de privilegios).
Se trata de un requisito para acceder a este proceso legal, simplemente demostrando que has intentado pagar estos adeudos.
No obstante, todavía debiera quedar un déficit pendiente, ya que se supone que tu patrimonio no es capaz de cubrir todos los pasivos que puedas tener.
Por tanto, debes comenzar un proceso extrajudicial para regularizar tu situación.
2️⃣ Rellenar el formulario e intentar llegar a un acuerdo extrajudicial
En este punto deberás descargar y rellenar el formulario de solicitud para acogerte a la Ley que exponemos en este artículo (puedes encontrarlo en el texto legal publicado en el Boletín Oficial del Estado).
Además, debes adjuntar la documentación que el propio formulario requiere.
Una vez hayas terminado de preparar todos los documentos, el siguiente paso será acudir a un notario o registrador mercantil.
Esta persona propondrá a un mediador, en caso de que no actúe ella misma como tal. Dicho mediador tiene como misión remitir el plan de pagos previo e intentar alcanzar un acuerdo con los acreedores.
El plan de pagos debe ser debatido en una reunión entre los acreedores, el mediador concursal y el propio deudor, con el objetivo de llegar a un acuerdo extrajudicial.
Lo más lógico es que se trate de introducir quitas y esperas en los débitos para satisfacer a todos los acreedores.
En esta parte del proceso, algunos deciden recurrir a un abogado especialista en negociación o en derecho concursal.
Si se logra conseguir un acuerdo, el proceso habrá concluido. El notario elevará a público el acuerdo alcanzado (es decir, se firmará ante notario el plan de pagos negociado) y será de obligado cumplimiento para el deudor.
Fin de la pesadilla.
3️⃣ En caso de que no exista acuerdo, se inicia un concurso de acreedores
Es probable que los acreedores no estén de acuerdo con el plan de pagos presentado, es más, suele ser frecuente el rechazo del mismo.
Ante esta situación, se abrirá un concurso de acreedores y tendrá que intervenir un juez para poner orden.
El mediador debe abrir el procedimiento judicial para acogerse a la Ley de segunda oportunidad presentando la correspondiente solicitud en el Juzgado de Primera Instancia o Juzgado Mercantil.
El juez nombrará a un administrador concursal y comenzará a ejecutarse un plan de liquidación de todos los activos para satisfacer las obligaciones económicas pendientes.
Los pasivos que queden sin cubrir pueden ser exonerados. En otras palabras, puedes quedar sin deudas tras el proceso.
✔️ ¿Cuáles son las ventajas de la Ley de segunda oportunidad?
Además de la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial, y así evitar gastos en abogados, procuradores y administradores concursales, el deudor tiene la posibilidad de conseguir la condonación de las deudas que puedan quedar pendientes tras el proceso de liquidación.
Eso sí, es importante tener en cuenta que el beneficio de exoneración se aplica únicamente si el deudor actúa de buena fe, realizando todos los trámites y demostrando que tiene voluntad de pago.
Por consiguiente, la Ley de segunda oportunidad no es un mecanismo para liberarnos de nuestras deudas. Vamos, que no puede utilizarse de modo arbitrario y fraudulento.
No podrás acogerte a estas ventajas si, por ejemplo, se demuestra que incumples tus obligaciones contables, obstaculizas embargos, realizas alzamiento de bienes y otras actividades engañosas. En estos casos, el concurso será declarado culpable.
➡️ Recordemos que, antes de llegar al punto de conseguir el beneficio de exoneración, el deudor ha tenido que realizar las siguientes acciones:
- Emplear el patrimonio presente para satisfacer deudas.
- Proponer un plan de pagos e intentar llegar a un acuerdo extrajudicial.
- Si no hubiese acuerdo, el administrador concursal liquidará la parte del patrimonio presente restante.
Dicho de otro modo, tu patrimonio actual queda comprometido para regularizar tu situación de insolvencia, pero al menos no tendrás deudas y los bienes que puedas conseguir en el futuro no se verán comprometidos.
También debes tener en cuenta que, antes de llegar el momento en que tus deudas queden exoneradas, deberás enfrentarte a un proceso judicial civil lento y costoso.
Tanto es así que muchas veces es preferible llegar a un acuerdo extrajudicial que lo evite.
En resumen, gracias a la Ley de segunda oportunidad, podrás salir de una crisis personal de tipo económico y desarrollar nuevamente tu actividad o continuar tu vida sin una carga financiera; pero debes ser consciente que tu patrimonio será empleado para pagar tus deudas.
